Esta es la historia de cómo unos pocos, en nombre de otros muchos, pelearon durante años por abrir un debate público sobre las condiciones abusivas de la ley hipotecaria española; de cómo lograron poner en marcha una Iniciativa Legislativa Popular, apoyada por un millón y medio de firmas, que, pese a encontrar muchos obstáculos, fue admitida a trámite en febrero de 2013, tras cambiar —por primera vez en la historia de la democracia española— la posición de la mayoría parlamentaria, y de cómo el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó, un mes después, que la norma hipotecaria española contiene cláusulas abusivas, lo que permitirá, a partir de ahora, que los jueces puedan paralizar los procesos de desahucios en marcha. Un éxito en toda regla de quienes, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, liderados por Ada Colau, promueven que la ley española contemple la dación en pago retroactiva en caso de impago, la moratoria de los desahucios y el alquiler social de las viviendas vacías que queden en manos de entidades bancarias. Un objetivo que ahora, por primera vez, ya no parece una utopía